Tener un empleo no significa estar integrado
Soraya Mohamedi · Coordinadora del área de empleo de Ubuntu Canarias · 8 min de lectura · Publicado el 2 de noviembre de 2026
Los datos del nuevo informe del OPI y el OBERAXE ponen cifras a desigualdades que quienes trabajamos en inclusión social conocemos desde hace tiempo. Pero también nos obligan a hacernos algunas preguntas incómodas.
Hay informes que conviene leer despacio. No solo por los datos que contienen, sino por lo que nos obligan a cuestionar.
El pasado 28 de octubre se publicó la II Nota de Análisis para el seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión, contra el Racismo y la Xenofobia, elaborada por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) y el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).
Un documento que analiza indicadores relacionados con educación, empleo, vivienda, participación, integración y discriminación. Y que deja sobre la mesa una realidad que merece algo más que una lectura estadística: las oportunidades no están repartidas en igualdad de condiciones.
Hay cifras que llaman la atención. Otras preocupan. Y algunas, sencillamente, deberían hacernos reflexionar sobre cómo estamos entendiendo la inclusión.
Tener trabajo no siempre significa salir de la exclusión
Uno de los datos más significativos del informe es la diferencia en el riesgo de pobreza entre las personas ocupadas.
Aproximadamente una de cada tres personas extranjeras procedentes de países de fuera de la Unión Europea que trabajan se encuentra en riesgo de pobreza. Entre la población española ocupada, la proporción se sitúa en torno a una de cada diez.
Detengámonos un momento.
Hablamos de personas que trabajan, que cumplen horarios, que sostienen sectores económicos esenciales y que, aun así, no consiguen alejarse de la vulnerabilidad económica.
Esto nos lleva a una pregunta que deberíamos hacernos cuando hablamos de inserción sociolaboral: ¿estamos consiguiendo que las personas accedan a un empleo o estamos consiguiendo que puedan construir una vida digna a través de él?
Porque no es lo mismo.
La inserción laboral no debería medirse exclusivamente por el número de contratos conseguidos. También importa qué condiciones ofrecen esos contratos, si permiten vivir con autonomía, si existe estabilidad y si las personas pueden desarrollar sus capacidades profesionales.
Trabajar y continuar en situación de pobreza no puede presentarse como una historia de integración conseguida.
Cuando la formación no encuentra su lugar
Otro de los aspectos que recoge el informe es la brecha existente en la inserción laboral de las personas tituladas extranjeras respecto a las españolas.
Las diferencias aparecen tanto en Formación Profesional como en estudios universitarios y son especialmente significativas entre las mujeres extranjeras.
También preocupa la sobrecualificación, que afecta especialmente a las personas procedentes de países de fuera de la Unión Europea.
Detrás de estos indicadores encontramos una realidad bastante conocida: profesionales que llegan con estudios, experiencia y conocimientos, pero que se encuentran con enormes dificultades para trasladar ese recorrido a su nueva realidad laboral.
Títulos pendientes de homologación, procedimientos administrativos, desconocimiento de los mecanismos de acreditación de competencias, barreras lingüísticas, falta de redes profesionales y dificultades para acceder a determinados puestos.
A veces, una persona que ha dedicado años a formarse termina aceptando cualquier oportunidad porque necesita trabajar, regularizar su situación o mantener a su familia.
Y así se produce una pérdida que no es únicamente individual. También perdemos como sociedad.
Perdemos talento, experiencia, conocimientos y capacidades que podrían estar contribuyendo al desarrollo de nuestro entorno.
No podemos hablar de aprovechar el talento si no somos capaces de reconocerlo.
Las mujeres migrantes: una desigualdad que necesita una mirada propia
El informe vuelve a mostrar que las desigualdades no afectan a todas las personas migrantes de la misma manera.
Las mujeres extranjeras presentan dificultades específicas de inserción, mayor presencia en determinados sectores de actividad y peores resultados en algunos indicadores de acceso al empleo.
Muchas trabajan en cuidados, limpieza, hostelería y otros servicios esenciales. Sectores que sostienen buena parte de nuestra vida cotidiana, pero que con frecuencia presentan condiciones laborales precarias y escasas posibilidades de promoción.
No podemos hablar de inclusión sin incorporar una perspectiva de género e intercultural.
Tampoco podemos diseñar itinerarios de empleo ignorando las responsabilidades familiares, las cargas de cuidados, las barreras administrativas o las dificultades para acceder a formación compatible con sus circunstancias.
Una mujer migrante no necesita que reduzcamos nuestras expectativas sobre sus posibilidades. Necesita que eliminemos las barreras que limitan su acceso a ellas.
El racismo también tiene consecuencias laborales y económicas
Hay otro bloque del informe que merece especial atención: la discriminación por origen racial o étnico.
Los datos del estudio del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica recogidos en la nota muestran que el ámbito laboral y el acceso a la vivienda se encuentran entre los espacios donde las personas encuestadas manifiestan mayores experiencias de discriminación.
El 80 % señala discriminación en el ámbito laboral y el 73 % en el acceso a la vivienda.
Son porcentajes que deberían hacernos reflexionar.
Porque cuando hablamos de discriminación no hablamos únicamente de comentarios desagradables, prejuicios o actitudes individuales.
Hablamos también de oportunidades que no llegan, currículos que no reciben respuesta, habitaciones que dejan de estar disponibles cuando se conoce el origen de quien pregunta y personas que sienten que tienen que demostrar constantemente que merecen estar donde están.
El informe también recoge una percepción muy elevada de atribución de calificativos negativos hacia la población árabe y amazigh/norteafricana.
Esto nos recuerda que la convivencia intercultural no se construye simplemente porque personas de diferentes procedencias compartan un mismo territorio.
La convivencia necesita reconocimiento, igualdad de trato, espacios de participación y una intervención decidida frente a la discriminación.
No basta con pedir a las personas migrantes que se integren. También tenemos que preguntarnos qué condiciones estamos creando para que puedan hacerlo.
La vivienda, la situación administrativa y el empleo no son problemas separados
Cuando una persona no tiene una situación administrativa estable, encontrar un empleo digno puede convertirse en una carrera de obstáculos.
Cuando consigue trabajar, pero sus ingresos no le permiten acceder a una vivienda, su proceso de inclusión continúa condicionado.
Cuando vive en una habitación sobreocupada, no tiene intimidad o debe destinar una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler, su autonomía también se resiente.
El informe muestra diferencias importantes en las condiciones residenciales de la población extranjera de fuera de la Unión Europea respecto a la española.
Y aquí aparece algo que considero fundamental: no podemos intervenir sobre una parte de la realidad esperando que las demás se resuelvan solas.
La orientación laboral, la información sobre extranjería, el acompañamiento social, la alfabetización digital y el acceso a recursos comunitarios necesitan estar conectados.
La vida de las personas no funciona por departamentos.
Canarias: una realidad que también necesita respuestas
En Canarias, hablar de inmigración e inclusión tiene una dimensión muy concreta.
Somos un territorio de llegada, de tránsito, de residencia y de convivencia. Un lugar donde las migraciones forman parte de nuestra realidad social y económica.
El informe recoge el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural 2026-2029 entre las estrategias autonómicas específicas en esta materia.
Es una referencia importante, pero los planes necesitan traducirse en actuaciones, recursos, coordinación y resultados que puedan evaluarse.
También necesitamos mirar nuestra realidad insular. No podemos dar por hecho que los indicadores nacionales describen exactamente lo que sucede en Gran Canaria.
Tenemos que conocer nuestras propias brechas: qué ocurre con el acceso al empleo, qué sectores concentran la contratación de personas migrantes, qué dificultades encuentran las mujeres, cómo afecta la situación administrativa a la inserción y qué barreras existen para acceder a una vivienda.
Y, sobre todo, tenemos que escuchar a las personas que viven estas situaciones.
¿Qué papel tenemos las entidades sociales?
Creo que aquí hay una reflexión que nos corresponde especialmente a quienes trabajamos en intervención social.
Las asociaciones y entidades del tercer sector no podemos limitarnos a gestionar necesidades inmediatas. Tampoco deberíamos convertirnos en espacios donde las personas acuden una y otra vez para resolver trámites, conseguir información o pedir ayuda sin que se produzcan avances en su autonomía.
Nuestro trabajo debe contribuir a que las personas conozcan sus derechos, identifiquen sus posibilidades, desarrollen competencias, accedan a oportunidades y puedan desenvolverse con mayor independencia.
Necesitamos acompañar, pero también facilitar herramientas.
Necesitamos orientar, pero también conectar recursos.
Necesitamos detectar necesidades, pero también trasladarlas a los espacios donde se diseñan las políticas públicas.
Y necesitamos trabajar en red. Ninguna asociación puede responder por sí sola a una realidad tan compleja.
Desde Ubuntu Canarias creemos en una intervención que combine acogida, orientación sociolaboral, información sobre extranjería, alfabetización digital y convivencia intercultural. Una intervención que no coloque a las personas en una posición permanente de dependencia, sino que contribuya a fortalecer su autonomía y su participación.
Los datos de este informe ayudan a comprender por qué estas actuaciones son necesarias.
La pregunta que deberíamos hacernos
Después de leer el documento, me quedo con una idea.
Hemos avanzado en el reconocimiento de derechos, en los instrumentos de regularización y en la construcción de políticas de inclusión. Pero todavía existe una distancia importante entre los derechos reconocidos y las oportunidades que las personas pueden ejercer realmente.
Podemos hablar de integración, pero si una persona trabaja y continúa en riesgo de pobreza, tenemos que revisar qué entendemos por inclusión.
Podemos hablar de igualdad de oportunidades, pero si una profesional no consigue que se reconozca su formación por haber nacido en otro país, tenemos que preguntarnos qué barreras seguimos manteniendo.
Podemos hablar de convivencia, pero si el origen racial sigue condicionando el acceso al empleo o a una vivienda, todavía tenemos mucho trabajo por delante.
Y podemos celebrar la diversidad de nuestra sociedad, pero la diversidad por sí sola no garantiza la igualdad.
No se trata de hacer un favor a nadie. Se trata de reconocer que las personas migrantes forman parte de nuestra sociedad, contribuyen a ella y tienen los mismos derechos a desarrollar un proyecto de vida digno.
Quizá ha llegado el momento de dejar de preguntarnos cuánto se esfuerzan las personas migrantes por integrarse y empezar a preguntarnos qué estamos haciendo, como sociedad, para que esa integración sea realmente posible.
Porque la inclusión no se demuestra con discursos ni con cifras de participación.
Se demuestra cuando una persona puede trabajar sin ser explotada, vivir sin ser discriminada, acceder a una vivienda, desarrollar su profesión, ejercer sus derechos y sentirse parte de la sociedad en la que vive.
Y eso todavía no está garantizado.
Fuente: II Nota de Análisis para el seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión, contra el Racismo y la Xenofobia. Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) y Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), 2026.